INCENTIVOS A LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL, DOS PASITOS PARA ADELANTE Y UNO PARA ATRÁS

A partir de ahora, si una empresa no es titular de una cuenta bancaria no puede registrarse en el RUT, pero como para tener una cuenta bancaria le exigen el RUT, tampoco puede ser titular de la misma.
De qué se trata este asunto:
Como lo habíamos dicho en una nota anterior, uno de los principales problemas de Colombia y, en especial, de los pequeños municipios es la baja formalización empresarial (Las pequeñas panaderías, papelerías, carpinterías, fábricas de derivados lácteos, expendios de carnes, bares, restaurantes, hostales y demás establecimientos de comercio que existen en nuestros municipios son, casi en su totalidad, propiedad de una sola persona natural (generalmente el cabeza de familia) y, casi nunca, propiedad de sociedades debidamente constituidas.)
Consciente de la necesidad de formalización y legalización empresarial, el Gobierno colombiano y el Congreso de la República han impulsado varias iniciativas en este sentido a través de incentivos para la creación de nuevas empresas como los que consagra la Ley 1429 de 2010, entre los que encontramos la excepción de impuestos y de parafiscales y otras contribuciones de nómina durante los primeros años de vida empresarial.
Sin embargo, a pesar de estos importantes esfuerzos, en días pasados el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, demostró que en estas materias -como en otras en nuestro país- va dos pasos para delante y uno para atrás.
Nos referimos concretamente a los Decretos 2645 del 27 de julio y 2820 del 9 de agosto de 2011, el segundo modificatorio del primero, por medio de los cuales se modifican los requisitos para la inscripción en el Registro Único Tributario.
Con el texto original del artículo 9º del Decreto 2788 de 2004, para formalizar la inscripción en el RUT bastaba la exhibición de la cédula de ciudadanía para las personas naturales y, para las personas jurídicas, adicionalmente la presentación del certificado de existencia y representación legal expedido por las cámaras de comercio.
Ahora, con las nuevas normas, seguramente olvidando la intensión del Gobierno de eliminar trámites innecesarios, además de los documentos anteriores se debe adjuntar al formulario Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no mayor a un (1 ) mes en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma.” Para personas jurídicas o, “Constancia de titularidad de cuenta corriente o de ahorros activa con fecha de expedición no mayor a un (1) mes en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia o último extracto de la misma, en caso de inscripción en calidad de Responsable del Impuesto Sobre las Ventas del Régimen Común o como importador o exportador, salvo que se trate de un importador ocasional.”, para personas naturales.
Adicionalmente, en ambos casos deberá presentarse fotocopia de un recibo de pago de servicios públicos correspondiente a la dirección registrada, o última declaración o recibo de impuesto predial pagado.
De éstos, el requisito que resulta más absurdo es el de la exigencia de la bancanización obligatoria, seguramente buscando beneficiar a la banca como si no fuera el único renglón de la economía que, aun en los peores momentos, ha mostrado utilidades billonarias.
Y decimos que resulta absurdo, no sólo porque significa la exigencia de mayores trabas para un trámite que hasta ahora había sido muy sencillo –requisito indispensable (el de la sencillez) para lograr la mayor formalización empresarial- sino porque se constituye en una obligación de imposible cumplimiento si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los bancos exige, para la apertura de cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en cabeza de personas jurídicas la fotocopia del NIT o RUT, que viene a ser lo mismo.
En otras palabras, si la empresa no es titular de una cuenta bancaria no puede registrarse en el RUT, pero como para tener una cuenta bancaria le exigen el RUT, tampoco puede ser titular de la misma.
Amén de que, ningún banco le permite a una empresa recién constituida la apertura de cuentas, especialmente corrientes, porque para ello se debe demostrar solvencia y experiencia crediticia de la empresa que, por estar apenas naciendo, sencillamente le es imposible demostrar.
No entendemos qué clase de análisis hacen los señores asesores ministeriales a la hora de proyectar decretos como los analizados sin no tienen en cuenta la realidad concreta que pretenden reglamentar, trayendo como consecuencia la expedición de normas ilógicas y que, de contera, van en contravía de las políticas de supresión de trámites innecesarios que es uno de los principales problemas que sufre nuestra comunidad.
Post scriptum: Otra lumbrera normativa se encuentra en la intensión de acabar con los incentivos económicos en las acciones populares. Mediante la Ley 1425 de 2010 se derogaron los artículos 39 y 40 de la Ley 472 de 1998 que establecían los valores máximos y mínimos que podría fijar el juez como incentivo o el porcentaje sobre los valores recuperados cuando se trataba de moralidad administrativa. Sin embargo, se les olvidó derogar parcialmente el artículo 34 de la misma ley, el cual establece, entre otras cosas, que el juez “Igualmente fijará el monto del incentivo para el actor popular.”, norma que es de obligatorio cumplimiento. En otras palabras, queriendo quitar los incentivos económicos, sólo derogaron los límites a los mismos por lo que ahora el juez tiene libertad para fijar su valor, incluso por encima de tales límites, que hoy ya no existen.

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