PROPONEN FUERO PENAL ESPECIAL PARA ALCALDES DISTRITALES Y MUNICIPALES

Según el Proyecto de Ley 245 de 2013, presentado por los Representantes a la Cámara  Hugo Velásquez Jaramillo, Rafael Romero Piñeros y Pedro Pablo Pérez Puerta, se propone que los procesos penales en contra de los alcaldes sean conocidos en primera instancia por las salas penales de los tribunales superiores de distrito de la respectiva jurisdicción.
De conformidad con la exposición de motivos del proyecto, “Temas como las leyes atinentes a la sostenibilidad fiscal, los gastos de inversión y de funcionamiento según los niveles de categoría municipal (Ley 617 de 2000); las competencias en diferentes áreas (Ley 715 de 2001), Ley de Regalías (Ley 1530 de 2012), las normas de contratación y muchas otras que requieren especial conocimiento y profunda profesionalización, colocan hoy a los mandatarios locales en especiales circunstancias de riesgos por gestiones equivocadas, la mayoría de ellas de buena fe. Estas conductas en la actualidad vienen siendo de conocimiento de fiscales locales y de jueces de menor jerarquía, y que precisamente por su nivel elemental dentro las escalas judiciales del país, están a cargo de profesionales de mínima experiencia, que los hace poco conocedores del tema por carecer de la formación en temas relativos a la administración pública.
En consecuencia, el citado proyecto “… busca crear un fuero legal especial para los alcaldes de distritos y municipios a fin de que las eventuales conductas penales sean investigadas y juzgadas por funcionarios judiciales de mayor jerarquía como son los fiscales delegados ante los tribunales, que por trayectoria y experiencia adquieren mayores conocimientos en leyes complejas como las que hoy rigen la administración pública, que es de competencia extremadamente reglada; igualmente el conocimiento de las conductas al entregarse en primera instancia a los tribunales superiores coloca a los Alcaldes en manos de jueces colegiados en donde el análisis no solo estará informado de mayores conocimientos, sino que también dará lugar a debates procesales más profundos y justos que los de un juez unipersonal.
Con esto se busca, de una parte que, en ejercicio del derecho de igualdad, se equipare a los alcaldes con los gobernadores, quienes sí gozan de fuero penal especial y, de otro lado, garantizar la seguridad jurídica para los burgomaestres y sus municipios, toda vez que “… cerca del 97% de los mandatarios locales sometidos a procesos penales terminan siendo absueltos porque su conducta nunca fue antijurídica, pero en contraste el municipio termina afectado en su estabilidad política.”

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