LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES TENDRÁN DERECHO A PERCIBIR LA PRIMA DE SERVICIOS

(Para contextualizar esta nota, los invitamos a leer nuestra entrada: «Por fin prima de servicios para todos empleados públicos de los departamentos y municipios«, en la cual comentamos el Decreto 2351 del 20 de noviembre de 2014, “Por el cual se regula la prima de servicios para los empleados públicos del nivel territorial” que deroga los decretos acá comentados.)

El pasado 4 de agosto de 2014, el Gobierno Nacional expidió los decretos 1467Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Gobernación del Departamento de Santander, de las entidades adscritas y vinculadas a la Gobernación y de la Contraloría Departamental de Santander y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”; el Decreto 1468 “Por el cual ,se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Gobernación de Nariño, de las entidades descentralizadas del Departamento de Nariño, de la Contraloría Departamental de Nariño y para los empleados públicos de carácter administrativo de la Asamblea Departamental, y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”; y el Decreto 1469Por el cual se regula el pago de la prima de servicios para los empleados públicos de la Alcaldía de Medellín, de las entidades descentralizadas del Municipio de Medellín, de la Personería Municipal, de la Contraloría Municipal de Medellín y para los empleados públicos de carácter administrativo del Concejo Municipal y se dictan disposiciones para su reconocimiento.”

Los tres decretos citados tienen como considerandos comunes, entre otros, los siguientes:
Que mediante el Decreto 1919 de 2002 se extendió el régimen prestacional de los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional» a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden territorial, con las excepciones previstas en el citado decreto.
Que los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, perciben la prima de servicios en los términos señalados en el Decreto Ley 1042 de 1978 y en las normas que lo modifican y adicionan.
Que el Decreto Ley 1042 de 1978, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 y en la sentencia C-402 de 2013 es aplicable únicamente a los empleados públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional.
Que los Gobernadores de Santander y Nariño y el Alcalde de Medellín, mediante comunicaciones radicadas en el Departamento Administrativo de la Función Pública, solicitan al Gobierno Nacional la creación de la prima de servicios para los empleados públicos de los respectivos Departamentos y de la Alcaldía de Medellín, así como de sus entidades descentralizadas, entre otras entidades de los correspondientes órdenes.
Que para la fijación del régimen salarial el Gobierno Nacional debe respetar los principios señalados en la Ley 4 de 1992, la cual consagra que todo régimen salarial debe sujetarse al marco general de la política macroeconómica y fiscal, la racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones presupuestales para cada organismo o entidad.
Que los Gobernadores y el Alcalde en las citadas comunicaciones, manifestaron que las entidades y sus adscritas y vinculadas cuentan con el presupuesto para su reconocimiento.
En consecuencia, en los tres casos, se decretó que a partir de la vigencia de los correspondientes decretos, los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las citadas entidades territoriales, a las entidades descentralizadas que hacen parte del respectivo presupuesto, así como al personal de la Personería y al administrativo de las Asambleas Departamentales y del Concejo Municipal, entre otros, tendrán derecho a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978, en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican y adicionan.
Igualmente, se señalaron los empleados que no tienen derecho a gozar de la prima de servicios y los factores salariales para su liquidación, entre otros aspectos.
De esta manera quedó abierta la posibilidad para que los demás gobernadores y alcaldes del país presente solicitud similar ante el DAFP con miras a lograr el reconocimiento de la prima de servicios para sus respectivos empleados públicos, siempre que cuenten con la disponibilidad presupuestal para ello.
Esta determinación es bienvenida ya que corrige una desigualdad discriminatoria que permitía que mientras los funcionarios del orden nacional gozaran de esta prima, los empleados públicos del orden territorial no pudieran disfrutarla.
Sin embargo, no se entiende por qué el Gobierno expidió normas que sólo benefician a tres entidades territoriales en particular en lugar de haber expedido una reglamentación de carácter general para todo el país que creara la prima de servicios para todos los empleados de este orden, fijando las condiciones para su reconocimiento y demás aspectos a cumplir por parte de los departamentos y municipios, garantizando así el principio de igualdad; toda vez que, a partir de los decretos reseñados, los funcionarios de estas tres entidades territoriales gozarán de un derecho que aún no le ha sido reconocido a los demás, lo cual es, a todas luces, violatorio de la Constitución Política.

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