El Gobierno Nacional reglamentó el derecho de petición verbal

A través del Ministerio de Justicia y del Derecho, el pasado 10 de julio se expidió el Decreto 1166 de 2016, «Por el cual se adiciona el capítulo 12 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, relacionado con la presentación, tratamiento y radicación de las peticiones presentadas verbalmente«.
Esta nueva norma regula la presentación, radicación y constancia de todas aquellas peticiones presentadas verbalmente en forma presencial, por vía telefónica, por medios electrónicos o tecnológicos o a través de cualquier otro medio idóneo para la comunicación o transferencia de la voz.
Ordena, entre otros aspectos, centralizar en una sola oficina o dependencia la recepción de todas las peticiones que se formules verbalmente, de manera presencial o no, en la cual se deberá dejar constancia y radicación de dichas peticiones, asignando un número de radicado, la fecha y hora de recibo, los nombres del peticionario, documentos de identidad y dirección física o electrónica de notificaciones.
Así mismo, el objeto de la petición, las razones en que se fundamenta –sin que la ausencia de éste último requisito impida su radicación-, documentos que se anexan, la identificación del funcionario responsable de la recepción y radicación y la constancia explicita de que la petición se formuló verbalmente.
Los términos para responder serán los mismos establecidos para los demás derechos de petición en la ley; pero cuando la respuesta sea igualmente verbal, así se indicará expresamente en la constancia de radicación.
Todas las autoridades deberán expedir un reglamento interno que regule el trámite de las peticiones verbales, el cual divulgarán en lugar visible de acceso al público, en su sede electrónica, carteleras oficiales y demás órganos de información.
Finalmente, a más tardar el 30 de enero de 2017, las autoridades implementarán o adecuarán los mecanismos e instrumentos internos que permitan el cumplimiento de las disposiciones señaladas en este Decreto.

 


 

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